La asesoría legal con fines no lucrativos no es una práctica nueva en el país. Un sin número de organizaciones se han dedicado a ella siempre, incluido más de un Estudio de Abogados. Sin embargo, toca ahora asumir un papel proactivo, estableciendo objetivos claros y fijando metas que deben necesariamente cumplirse.

No basta con asumir algunos encargos que, luego de un somero análisis en el mejor de los casos, pasen a ser parte de la cartera Pro Bono de un Estudio.

En este sentido, la Declaración de las Américas para el trabajo Pro Bono (una iniciativa de 300 estudios de la región con el auspicio del Cyrus Vance Centre de Nueva York, lanzada en marzo del 2008), considera que dicho trabajo “significa prestar servicios legales gratuitamente o sin la expectativa de recibir pago, y que benefician principalmente a personas o comunidades pobres o menos privilegiadas y a las organizaciones que las asisten (…) también pueden beneficiar a instituciones cívicas, culturales y educativas que sirvan al interés público y que de otra manera tampoco (…) obtendrían asesoría.”

En nuestro Estudio nos hemos comprometido a conciencia con los preceptos de la Declaración. Con esta finalidad hemos conformado un comité cuya primera tarea ha sido presentar los criterios que utilizaremos para evaluar, y asumir, un trabajo Pro Bono.

Depende de la seriedad con la que realicemos nuestro trabajo, los resultados que podamos obtener para beneficio de la comunidad y de nosotros mismos, como organización.


Fernando Meléndez, Socio Principal
Presidente Comité Pro Bono